Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovacíón. 

El pasado 2 de junio de 2011, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, su Disposición Final Undécima preveía su entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado, lo cual hace que a día de hoy esté en vigor y sea totalmente aplicable a excepción de, lo previsto en el art. 21 relativo al contrato predoctoral que entrará en vigor al año el próximo junio y el apartado 5 del art. 25 relativo a la Carrera profesional del personal investigador funcionario y los apartados 1, 2 y 3 de la Disposición Adicional Séptima referente al régimen retributivo de las escalas científicas y técnicas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2014.

Esta Ley intenta dar respuesta a las siguientes cinco situaciones:

1.- Necesidad de Cooperación entre los sistemas autonómicos de I+D+i y los promovidos desde la Administración General del Estado.

2.- Marco Europeo: necesidad de establecer mecanismos eficientes de coordinación y colaboración entre las Administraciones Públicas facilitando el protagonismo español en la construcción del Espacio Europeo de Investigación y el Espacio Europeo de Conocimiento.

3.- Recursos públicos disponibles: El tamaño alcanzado en cuanto a los mismos y la naturaleza de los instrumentos de financiación, exige avanzar hacia un nuevo sistema más eficiente y flexible.

4.- Comunidad Científica Española: Tras aumentar, considerablemente, desde la anterior regulación, se detecta la necesidad de darle un mayor reconocimiento social, dotándola de una carrera científica y técnica predecible, basada en méritos, incorporando criterios de máxima movilidad y apertura, criterios que rigen el ámbito científico internacional.

5.- Modelo productivo español. Apuesta por la investigación e innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento, garantizando con ello un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible.

Resultan de especial interés las medidas que recoge esta nueva Ley en cuanto a la generación de una mayor movilidad de los investigadores entre el sector público de I+D+i y empresas, o el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica a través de la figura del estatuto de Joven Empresa Innovadora. De igual manera, se pretende incentivar el patrocinio y mecenazgo, y la inversión del sector privado en ciencia, tecnología e innovación.  Con carácter general esta ley intenta incentivar, en cierta medida, el emprendedurismo en materia científica animando a los investigadores a crear empresas en el ámbito de la ciencia y la tecnología.